SASANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los últimos casos de asesinatos descubiertos por la Policía Nacional, atribuidos a sicarios, ponen de relieve el auge que ha ganado en República Dominicana la industria del crimen por encargo.
El 3 de marzo de 2011, Acento.com.do publicó una investigación de la reportera Linabel Aybar Rivas (*), especializada en temas de justicia, en el cual se establecía que en esa época un matón contratado podía cobrar por matar a una persona desde 70 mil pesos hasta 2 millones de pesos, a juzgar por los casos descubiertos por las autoridades.
Recientemente, las muertes de las jóvenes Natasha Teresa Sing Germán, asesinada el 7 de abril, y Suleika Flores Guzmán, asesinada el 28 de ese mismo mes del presente año 2014, conmovieron a la sociedad.
Uno de los acusados, apresado (Amauris Soriano, alias Nevado), confesó que junto a otro hombre habían recibido 400 mil pesos para matar a Suleika, y que habían matado a Natahsa, por confusión. El encargo de matar a una persona convirtió así en doble asesinato.
A estos caso se agrega el de los cuatro hombres ejecutados por la Policía Nacional el domingo, a los cuales acusó de ser "sicarios”: Rubén Darío Amador Arias (Nene Paludismo), Rafael Manuel Vicente Amador, Rafael Emilio Pérez Peguero (Piti) y Jorge Vizcaíno Martínez.
A propósito de estos hechos deplorables, Acento.com.do brinda a sus lectores nuevamente el reportaje de Linabel Aybar Rivas, quien actualmente se encuentra en España cursando una especialidad periodística:
República Dominicana.-En los últimos tres años la industria de los asesinatos por paga ha crecido en la sociedad dominicana. Tanto es así que, como en todo mercado, hay transacciones y los precios por matar a una persona oscilan entre RD$70 mil a RD$2 millones.
Aunque este problema no es exclusivo de los dominicanos, en el país arrastra una peligrosa tendencia: en la mayoría de las ejecuciones por paga destacadas por los medios de comunicación hay involucrados agentes policiales o miembros de las entidades militares.
En lo que va de año 2011 se han registrado, de manera no oficial, al menos cuatro muertos, tomando en cuenta sólo los crímenes que han trascendido a los medios de comunicación, como el confuso asesinato del coronel Virgilio Casilla Minaya, el caso de los cadáveres de dos jóvenes ejecutados y calcinados en Los Farallones y el asesinato del venezolano Rafael Mauricio Berdeja Vargas, en el restaurante Casa Mencía.
Estos hechos recientes, al igual que otros asesinatos por paga, ocurridos en años anteriores, conmovieron a la opinión pública y a la sociedad en general porque reflejan la falta de seguridad que vive el país y -según los especialistas en seguridad ciudadana y activistas de los derechos humanos- la complicidad de las autoridades en muchos los crímenes y otros hechos delictivos.
El sociólogo Daniel Pou, experto en asuntos de seguridad ciudadana y temas policiales y militares, considera que la "industria de los asesinatos a sueldo" ha alcanzado un nivel de empresa con estructura corporativa en el ámbito criminológico.
Daniel PouPara Pou, los asesinatos de Gabriel Arias Castillo, alias Alex el pelotero, Rubén Soto Hayet, José Amado González González y Omar Antigua Polanco fueron ordenados por una estructura que pretendía romper información, pero no instruida por capo boricua José David Figueroa Agosto.
Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, es preocupante la manera en que este fenómeno, relativamente nuevo en la República Dominicana, se ha incrementado y echado raíces.
Mercedes entiende que la figura del sicario nace en el modelo económico como el nuestro caracterizados por la desigualdad social, la corrupción,.el narcotráfico, el incremento de los vicios y la cultura de "dejar hacer, dejar pasar".
De acuerdo con el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos, en la República Dominicana el año pasado se produjeron alrededor de 15 asesinatos por paga, una cifra nunca antes vista.
Según el presidente de la CNDH, este número podría triplicarse en el 2011, de seguir la tendencia de los casos ya registrados en lo que va de año (al menos cuatro).
Modalidades
Aunque en los últimos asesinatos, según las investigaciones del Ministerio Público y las versiones de la Policía Nacional, se han señalado motivos como el ajuste de cuentas entre personas del bajo mundo (sobre todo del narcotráfico), por celos entre parejas, por confusiones, por dinero, infidelidades o competencia desmedida en el ejercicio profesional, para el experto en seguridad Daniel Pou, todas las modalidades tienen una misma base: el crimen organizado.
"Son muy pocos casos que se dan con ese tipo de característica, porque por ejemplo tenemos un caso muy interesante, que es el caso del abogado de Santiago, Jordi Veras, que podríamos decir que es el resultado de una revancha entre una parte contraria a la que él representaba (como abogado), porque el 'sicariato' en estado puro no existe correspondiendo a un solo esquema", explicó Pou.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el atentado contra el abogado Jordi Veras, baleado el dos de junio del 2010, fue ordenado por el presidiario Adriano Román, quien según los investigadores pagó para matar al jurista porque el comunicador le "hacía la vida imposible".
En el atentado contra el abogado habrían participado los supuestos sicarios Roberto Zabala Espinosa, Candy Caminero Rodríguez, ex primer teniente y ex sargento, respectivamente, cancelados en el 2007, y el sargento mayor Arturo Ferreras del Castillo (Moreno), quien también cancelaron de la Policía Nacional.
La infidelidad también tocó a los asesinatos por paga cuando, el 8 de diciembre del año pasado, Georgina Noesi López (Yoselín) esposa del transportista de mercancías hacia Haití, Juan Francisco Santiago Domínguez, pagó 100 mil pesos para eliminar a su esposo. El comerciante fue ultimado cuando se desplazaba junto a su esposa por la avenida Charles Summer cerca de la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional.
Marco jurídico
Actualmente no existe una normativa que tipifique los asesinatos por paga como un delito penal, ya que el Código Procesal Penal sólo contiene la figura del homicidio voluntario e involuntario.
De hecho, quienes contratan a los sicarios, una vez descubiertos, terminan pagando una condena menor que los ejecutores de sus órdenes, pues son considerados como cómplices para fines de juicio. Así, un sicario puede recibir la condena máximo de 30 años, y su contratante 10 ó 15 años de prisión, a pesar de ser el autor intelectual del asesinato.
El pasado miércoles 19 de enero el Colegio Dominicano de Abogados apoderó al Congreso Nacional de un anteproyecto de ley para castigar los crímenes por paga con una pena máxima de 40 años de prisión.
La iniciativa contempla el cúmulo de penas en crímenes complejos, como el homicidio agravado, terrorismo, genocidio, el tráfico de drogas y de órganos humanos.
El presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, apoya ésta iniciativa para que quienes son parte de esta industria, sean castigados con una sanción drástica y que esté apegada a la ley
Para Daniel Pou el proyecto de ley no es la herramienta más adecuada para enfrentar el crimen organizado. A su juicio, aumentar la pena no es un "elemento disuasivo".
Vincho ve influencia extranjera
Para Marino Vinicio Castillo (Vincho), asesor del Poder Ejecutivo en política de narcotráfico, el asesinato por paga no es un fenómeno surgido espontáneamente en la República Dominicana.
El jurista considera que el incremento de los asesinatos por paga en los últimos años se debe a una presencia extranjera, sobre todo colombiana y mexicana, que a su juicio han introducido modalidades del crimen que los dominicanos apenas conocían.
Asimismo, Castillo está de acuerdo con el fortalecimiento del castigo: "Es una modalidad del crimen enormemente peligrosa, pero ya actualmente se está preparando una legislación para aumentar el rigor del castigo, porque quien ordena y paga, es más culpable que el que lo comete", indicó.
El fiscal del Distrito Nacional
Uno de los funcionarios del Ministerio Público que mayor responsabilidad ha tenido en las investigaciones de los casos de ejecuciones por paga en la capital dominicana es el fiscal Alejandro Moscoso Segarra, quien vincula estos asesinatos al mundo del narcotráfico.
"Una de las razones de la incidencia de los sicarios en los últimos años es el tema del narcotráfico, porque ellos son los primeros en pagar para dar muerte a alguno de ellos", explicó Moscoso Segarra, Fiscal del Distrito Nacional.
Tanto Castillo como Moscoso Segarra coinciden en que el crimen organizado y el narcotráfico han permeado a gran parte de la sociedad, razón por la cual ocurren los asesinatos por infidelidad, por la exigencia del pago de una deuda, por disputas por herencias, por confusión, por competencia en el ejercicio de una profesión y otras causas.
Poner precio a una cabeza
Para los sicarios cada cabeza tiene un precio. Se trata de una negociación en la cual un cliente o demandante de servicio discute el pago con el ofertante a contratar (el sicario o asesino por paga). Todo como el mercado legal de bienes y servicios.
En los últimos asesinatos que han llamado la atención de la opinión pública, según las investigaciones del Ministerio Público y de los oficiales policiales, se ha pagado precios tan variables que van desde los 75 mil pesos hasta los 2 millones de pesos.
La muerte de la estudiante francomacorisana, Joanny Lohara Tavárez, según establecieron las autoridades, tuvo un precio de 2 millones de pesos. Este dato fue revelado por uno de los autores materiales contratado por la autora intelectual del feminicidio, Maria Elena Marizán.
Asimismo, el atentado contra el abogado Jordi Veras, hijo del jurista Ramón Antonio Veras, se planeó desde la cárcel de Rafey, por encargo del recluso Adriano Román, empresario de Santiago condenado como cómplice en un intento de asesinato contra su ex esposa Miguelina Llaverías. Román habría ofrecido a los organizadores de la trama contra Veras 1.5 millones de pesos, aunque por los presuntos sicarios habrían solicitado 200 mil pesos por adelantado.
En los casos del ex coronel José Amado González González, de Gabriel Arias Castillo, de Omar Antigua y de Ruben Soto Hayet, los investigadores sostienen que se pagó alrededor de 30 mil y 35 mil dólares a cada uno de 11 sicarios, una vez concluida la tarea criminal.
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