Procuraduría General de la República pondrá en ejecución una política de recepción de denuncias y persecución penal del delito de discriminación racial, de la que participarán todas las procuradurías fiscales del país.La decisión forma parte de una resolución adoptada este miércoles por el procurador Francisco Domínguez Brito que viene a reforzar el derecho de las personas a no ser discriminadas, cuando establece que los centros de diversión no podrán negar la entrada a sus locales por motivos del color de la piel, raza, vestimenta, peinado o apariencia física.
Domínguez Brito informó que la resolución entrará en vigencia de forma inmediata, “a partir de su promulgación y comunicación de la misma a las autoridades correspondientes”.
La resolución de la Procuraduría reacciona a la denuncia de racismo contra el bar La Chismosa, ubicado en el sector Piantini, de esta capital, que el fin de semana pasada vedó la entrada a un grupo de profesionales invitados a una fiesta privada por el color de su piel.
“A partir de la promulgación de la presente resolución se deberá permitir el acceso a toda persona, sin limitar su entrada por motivos de códigos de vestimentas pre-establecidos, apariencia física, color de piel, raza, peinado o aspecto exterior a todo restaurant, bar, y establecimiento o lugar de esparcimiento en sentido general”, declaró el procurador Francisco Domínguez Brito al referirse a la resolución.
En esta se instruye a los miembros del Ministerio Público identificar los locales donde presumiblemente, y de manera sistemática, se pueda estar cometiendo “el delito de discriminación”, a los fines de darles seguimiento.
La presunción de discriminación afectará los locales que exhiban letreros en los cuales se informe de forma genérica que se reservan en el derecho de admisión, sin especificar las razones por las cuales una persona puede ser impedida de entrar.
A partir de la decisión de la Procuraduría, este tipo de letreros debe ser retirado de todos los “restaurantes, bares, hoteles, discotecas y otros lugares de esparcimiento retirar dichos letreros”.
Esto no implica desconocer el derecho de los propietarios dueños de establecimientos, “atendiendo a la naturaleza del lugar”, de fijar reglas sobre la vestimenta, pero deberán hacerlo “de forma clara y visible” y ser “generales y no discriminatorias y que por tanto no violen los principios constitucionales”.
Las normas contenidas en la resolución, cuyo cumplimiento estará a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, han sido elaboradas “de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana, la Convención Internacional sobre la Erradicación de Toda Forma de Discriminación Racial, la Ley Orgánica del Ministerio Publico, el Código Penal Dominicano, así como por los tratados internacionales vinculados a la materia objeto de regulación”.
Domínguez Brito dijo que la resolución entrará en vigencia de forma inmediata, a partir de su promulgación y comunicación de la misma a las autoridades correspondientes.
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