Ramón Cruz Benzán
ramon.cruz@listindiario.com
Santo Domingo
El consejo de defensa del intérprete de merengue urbano Antonio Peter de la Rosa (Omega), intimó ayer a la fiscal del Distrito Nacional y a la encargada del departamento de investigaciones de violencia de género del ministerio público, para que pongan en libertad al artista.
Cándido Simón Polanco, abogado de Omega, dijo que la intimación mediante acto de alguacil y que pone en mora a la fiscal Yeni Berenice Reynoso y Ana Andrés Villa Camacho, está amparada en los artículos 13 y 15 de la Ley 133, del Estatuto del Ministerio Público.
Advirtió que si en un plazo de 24 horas la Fiscalía del Distrito Nacional no ejecuta la libertad del intérprete del tema “Tú no ta pa’ mí”, entonces incurriría en un acto de desacato constitucional que implicaría el sometimiento formal a la justicia de Reynoso y Villa Camacho.
Manifestó que piden al ministerio público ejecutar la libertad de Omega, en virtud a que la Fiscalía para solicitar medida de coerción en contra de su cliente, fundamentó la acusación en la declaración de la bailarina Yuly Mercedes López (Renata), quien se había querellado en su contra.
Empero, precisa que la bailarina ahora alega que mintió al ministerio público por celos y, en consecuencia, los abogados de Omega sostienen que la Fiscalía tiene el deber y la obligación constitucional de garantizarle su derecho.
En el limbo
Simón Polanco aduce que el principio de la legalidad manda que cuando un fiscal tiene conocimiento de algún elemento que descarga a un sospechoso, tiene que aportar ese elemento y actuar de oficio en garantía de su derecho.
Sostiene que el caso de Omega ahora se encuentra en un limbo jurídico, debido a que la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción, quien debe conocer la revisión de la medida de coerción, fue recusada por la fiscalía bajo la sospecha de que lo dejaría en libertad.
Omega se encuentra en prisión luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictara prisión preventiva en su contra, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el ministerio público.'
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